Libertad Presos Políticos de Ecuador

El 10 de diciembre será el juicio a los chicos apresados en el operativo Sol rojo. Ellos llevan nueve meses en prisión. Su angustia, las heridas sicológicas de sus familiares y el proceso judicial tejen una historia impugnadora.

La paradoja no puede ser mayor. El próximo 10 de diciembre la humanidad recordará la declaratoria universal de sus derechos fundamentales. En Ecuador, en cambio, 10 jóvenes acudirán a juicio por pensar, organizarse y tener una posición política frente a las marchas de marzo, desarrolladas en defensa del agua, la dignidad y la vida. Son los 10 estudiantes y profesionales del caso Luluncoto, acusados de terrorismo por la Fiscalía y privados de su libertad desde hace nueve meses.

La audiencia de juicio se desarrollará en el Tercer Juzgado de Garantías Penales, presidido por Juan Carlos Obando. La sesión será extensiva, pues entre las dos partes suman 120 testimonios. La Fiscalía, por ejemplo, ha pedido las versiones de 62 oficiales de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, la Dirección Nacional de la Policía Judicial, el Departamento de Criminalística de la institución y del Grupo de Intervención y Rescate.

“La Fiscalía, dice Vladimir Andocilla, abogado del colectivo por la libertad de los jóvenes, sostiene su acusación sobre la base de 62 versiones de policías. Es un caso inédito. Son las versiones de las fuerzas del orden las que priman sobre la presunción de inocencia de los chicos y sobre la demostración de alguna prueba material”.

               

Celulares, unidades USB, cosméticos, espejos, monedas de un centavo, billetes de 20 dólares, un pasaje de Flota Imbabura, un cuaderno con la frase "Construyendo un Ecuador libre de corrupción", entre otras pertenencias personales, figuran como evidencias del “posible delito de terrorismo”. Así consta en el parte firmado por Pablo Espinosa y Édgar Viera, de la ULCO.

Dicho documento contiene elementos que llaman la atención de Ciro Guzmán, defensor de los jóvenes privados de su libertad. “El parte de detención tiene como fecha el 3 de marzo del 2011, cuando el operativo se llevó a cabo en el 2012". Sin embargo este supuesto error se repite en otros documentos del caso, como el pedido que el Jefe de la ULCO realiza a la fiscal de entonces, Diana Fernández, para que ella, a su vez, solicite al Juez la orden de allanamiento. Esto demuestra que varios documentos fueron forjados en un mismo sitio.

Guzmán indica, además, que “se hicieron desaparecer evidencias y se incorporaron otras en el primer allanamiento. La Policía, por ejemplo, nunca hizo aparecer ni la Constitución ni el documento defiende la democracia, de autoría del gobierno, que era el documento central de las discusiones del 3 de marzo pasado en el departamento de Luluncoto, al sur de Quito”.

¿Qué, a criterio de la defensa, fue añadido? En el parte se habla, por ejemplo, de ocho hojas escritas a máquina con un título: “Guía de reclutamiento. Propuesta”. Pero después, según Guzmán, se incluyen otros materiales como la transcripción íntegra de las memorias de Radio Venceremos, la emisora clandestina del Frente Farabundo Martí, de El Salvador. “Es un libro de acceso público y ahora se incorpora como evidencia”.
Además, varios de los testimonios de los chicos privados de su libertad refuerzan la tesis anterior. “Di que es tuyo, di que es tuyo… Di que es tuyo o di de quién es…”. Eso gritaban oficiales de élite, según contó Fadua Tapia a esta revista. A ellos no importó el embarazo de la joven y pese a su clamor la botaron al piso, como hicieron con el resto en esa tarde y noche de maltratos, según cuentan en sus testimonios.

A todos los botaron contra el piso boca abajo. Uno de ellos perdió un diente en la caída. Cuando la mayoría preguntaba el porqué de la detención, los oficiales de la ULCO pisaban sus espaldas y apuntaban a sus cabezas con los rifles de dotación. Y obligaron a retirarse los cordones de sus zapatos a una de las mujeres y con ellos amarraron sus manos hacia atrás.

Cristina Campaña, otra de las jóvenes del caso Luluncoto, ahonda en la versión del maltrado. En su testimonio señala que un hombre escaneaba hojas y las incluía en su carpeta, la cual constaría como evidencia. “Eso no es mío, eso no es mío”, gritaba Cristina, rodeada de uniformados con sus armas en la mano. Y la respuesta de quien escaneaba las hojas fue demoledora: “Tú tienes que comprobarme que yo te puse eso, porque yo voy a negarlo”.

Algo similar padeció Abigail Heras, egresada de derecho, admiradora de los líderes campesinos que luchan por el agua en Azuay y clown voluntaria en el Hospital de Solca. “Cuéntanos qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban planificando, tú que estudiaste derecho sabes que lo que digas ahora para nada va a servir en el proceso, dinos para ayudarte…”, decía uno de los uniformados. Ella respondía: “No entiendo e infórmennos ustedes por qué hacen todo esto”. Al final el policía, según la versión de Abigail, dijo en tono de burla: “Así los preparan, no dicen nada por la preparación que tienen”.

El relato de este y otros hechos se condensa en el libro Ocaso de la justicia. El caso Sol Rojo, preparado por la Cedhu, Inredh y la Clínica Ambiental, el cual reúne desgarradores testimonios de las víctimas de esta incursión de Estado, tanto de los 10 jóvenes como de sus familias, junto con un análisis de las afectaciones sicológicas desencadenadas en un proceso por el cual 10 jóvenes madres y padres no pueden ver a sus hijos de cuatro y cinco años desde hace nueve meses. La publicación se presentará el 3 de diciembre en la Cedhu (Carlos Ibarra 176 y 10 de Agosto).

“Estos nueve meses han constituido una etapa continua de violaciones procesales y a los DD.HH. Dice Vladimir Andocilla, hablamos de un linchamiento mediático por parte de los medios de comunicación del gobierno acusando de terroristas a los jóvenes. Y también de un linchamiento jurídico en el cual, vía presunciones, se tratará de demostrar un delito que no existe”.

Las víctimas, para el integrante del colectivo, no sólo son los 10 jóvenes de Luluncoto. “También son víctimas sus familiares y sus coidearios y todos quienes piensan como ellos. Porque son sus ideas y su literatura lo que está siendo estigmatizado por el poder”.

Vanguardia pidió una entrevista con José Luis Jaramillo, el fiscal de Pichincha que actualmente lleva la causa. Sin embargo, en la Fiscalía General se indicó que el funcionario no está autorizado para hablar del caso. Asimismo buscó la versión de la Policía sobre el operativo y la respuesta fue que nadie puede hablar sin autorización de José Serrano, ministro del Interior. Incluso se solicitó el punto de vista de los viceministros de esta cartera.

La tesis oficial, no obstante, establece una relación entre los jóvenes reunidos en Luluncoto, el Grupo de Combatientes Populares y las detonaciones de bombas panfletarias ocurridas el 17 de noviembre y el 19 de diciembre pasados, la primera con una protesta por el Decreto 813 y firmada por el movimiento N15, y la segunda con un rechazo a la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos y sin nombres de responsabilidad.

Uno de los elementos de vinculación es un mensaje en el perfil en Facebook de Royce Gómez, odontólogo guayaquileño que desarrollaba acción social en el Guasmo. El profesional manifestaba su descontento por lo que él consideraba como prácticas populistas en la gestión de Rafael Correa. Vanguardia pudo conocer, por versión de una fuente de la propia Policía, que una sargento de la Policía Judicial habría creado un perfil apócrifo en aquella red social para hacer un seguimiento de las opiniones del joven odontólogo Gómez.

En la audiencia de formulación de cargos —recuerda Ciro Guzmán— se acusó a los jóvenes en función del Título I del Libro Segundo del Código Penal, el cual alude a más de 54 tipos penales. “Ahora se los acusa por el artículo 160 de dicho Código que habla de actos de terrorismo. Este es un tipo penal incorporado en tiempos de la dictadura para perseguir a los luchadores sociales”.
De hecho, la captura se produjo en los días previos a las marchas por el agua, la dignidad y la vida, con las cuales amplios sectores indígenas, campesinos y urbanos criticaron las acciones del gobierno para inaugurar la era de la minería a gran escala en el país. El presidente Rafael Correa, para entonces, adelantó criterio y dijo que aquella era una “protesta social criminal”.

“El gobierno —dice Vladimir Andocilla— construye un enemigo para justificar sus procedimientos autoritarios. Su política extractivista no puede implantarse en el país si no es con una mano dura que frene cualquier acción de duda o resistencia frente a este modelo que beneficia a grandes grupos monopólicos transnacionales”. Y Ciro Guzmán completa la idea. “Esto no es nuevo —dice mientras posa su mano izquierda sobre unas hojas amarilladas por el tiempo…—. Cada vez que un gobierno enfrenta desprestigio por políticas contrarias a las aspiraciones sociales se acude a la satanización y persecución de las organizaciones ciudadanas. El actual Presidente no es la excepción y el proceso contra los 10 de Luluncoto es una justificación para encontrar chivos expiatorios, cuando el discurso oficial sobre las marchas de marzo hablaba de un nuevo proceso de desestabilización y de atentados a la democracia”.

En aquellas hojas quemadas por el sol y el tiempo, hay un documento histórico. Es una carta de 1999 dirigida por el entonces diputado nacional Jaime Hurtado González a Juan Manuel Fuertes, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En ella el abogado solicita la comparecencia del Ministro de Defensa para que explique si existe o no un informe de “Inteligencia Militar” en el cual se vincula al MPD con “el supuesto Grupo de Combatientes Populares” y le recuerda que cuando dicho ministro también encabezó Defensa, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, se vinculó al MPD con el supuesto grupo guerrillero Sol Rojo. Además, escribía Hurtado, se pide al Ministro que exponga el criterio legal por el cual miembros de las Fuerzas Armadas estarían infiltrados en las manifestaciones que, meses después, concluyeron con la caída del presidente Jamil Mahuad.

La carta ingresó a la Comisión de Fiscalización aquel 17 de febrero de 1999, a las 11:00. Una hora con 45 minutos después, Jaime Hurtado era asesinado por sicarios, junto con Félix Borja y Pablo Tapia; este último tío de Fadua Tapia, una de las chicas capturadas este año en el operativo Sol Rojo, porque, según la teoría oficial, los jóvenes son integrantes del Grupo de Combatientes Populares... Para Ciro Guzmán, estas ‘coincidencias’ en la historia no sólo son conmovedoras, también retratan de cuerpo entero cómo el poder reacciona ante las protestas sociales.

Varias de las pertenencias de Pablo Tapia, que su sobrina Fadua conservaba en casa, fueron requisadas en un segundo intento por hallar nuevos indicios. En efecto, en la madrugada del 26 de abril, varios piquetes de élite de la Policía irrumpieron en casas de los familiares de los 10 jóvenes privados de su libertad. Según Ciro Guzmán, con esta nueva incursión se violó el Cap. IV, Título II, Libre III, del Código de Procedimiento Penal. “¿Por qué buscar medios de prueba en casas ajenas —dice Guzmán— y además elementos que no constituyen evidencia material que ligue a los chicos con la colocación de las bombas del 2011?.

Fadua Tapia contó a Vanguardia que buscaron hasta en los tachos del papel higiénico y, en su caso, se llevaron un par de botas de caucho que ella utilizó tiempo atrás en la construcción de una guardería en el Oriente y un viejo pasamontañas que compró para ir a un paseo al Cotopaxi hace seis años.

 Esa madrugada del 26 de abril, según los testimonios recogidos en el libro Ocaso de la justicia. El caso Sol Rojo, fue de terror. De terror de Estado… Bárbara Morán, abuela de uno de los jóvenes del caso, recuerda que cerca de 50 policías acudieron a su casa en el Guasmo sur de Guayaquil. Su testimonio es incontestable. “Fueron a las cuatro y media, pidieron permiso para entrar y nos dijeron que de una vez entregáramos las bombas, las armas, porque si no nosotros íbamos presos. Registraron toda la casa, rompieron todos los colchones, revisaron dos o tres veces debajo de las camas. Yo temblaba. Al otro día me cogía un dolor aquí en el brazo, yo no podía bañarme, ni ponerme la ropa. Tuve que ir al hospital. El médico me dijo que eran los nervios, que por poco me da un infarto. En ese momento quería morirme para no sufrir”.

Desde aquellos días todo cambió. La calma, los horarios, las cuentas de la casa, las historias para proteger a los pequeños… De acuerdo con las pruebas sicológicas desarrolladas por Carlos Bernstein a los hijos de los privados de libertad, varios ubican a sus madres o padres en las dimensiones del pasado o de la fantasía. Es el látigo de la ausencia.

En otros casos, la piedad familiar activa mil y un cuentos. A la hija de Javier Estupiñán, por ejemplo, le contaron una historia similar a la de la película La vida es bella —donde un padre oculta a sus hijos las crueldades de los nazis— antes de trasladarse desde Esmeraldas hasta el penal de Quito. Le dijeron que su padre estaba haciendo acción social allí y que, por seguridad de todos, allí había muchos policías. Pero los niños son perceptivos. “Tengo el corazón roto”, dijo finalmente esta pequeña de cinco años a su padre.

Abigail Heras sufre tanto como sufren su hijo de cuatro años y su esposo, en la distancia de Cuenca. Hace poco, el 19 de noviembre, ella cumplió 29 años y su pequeño, cinco días antes, celebró sus cuatro años sin su madre. La semana anterior Abigail recibió la visita de su compañero de vida. Lo volvió a sentir luego de un mes y medio. Los ojos verdes del chico miran hacia el suelo desde un cuenco de piel violácea. Y da la apariencia de que su brazo izquierdo se hizo una sola hebra con el brazo derecho de su esposa. Así hablan de lo “duro que está pasando el pelado”. Los ojos de Abigail se cristalizan. Pero los dos hablan en voz baja.

En uno de los pasillos de la cárcel de mujeres de Quito, donde las privadas de la libertad reciben a sus familiares, hay mujeres de todo color de piel, de varias nacionalidades. Unas corretean con una caja de chicles en el brazo, otras con gelatinas. Y otras, vestidas de azul marino, son muy expresivas con sus cuerpos. Caminan con paso militar, inclinan el cuerpo y acercan la oreja en cada grupo durante las horas de visita.

Nadie confía en nadie. Y todo el tramo, hasta llegar donde espera la mujer privada de su libertad, está lleno de peajes. Un dólar por encargar la correa, otro dólar para que una de las internas, entre las conocidas como las pasadoras en ese territorio sitiado, informe que una nueva visita ha llegado; otro dólar para las mentas; otro para el manicure; otro para…

En ese barullo de ofertas, arrimados a una pared que hace poco recibió unos brochazos de pintura naranja para la visita del juez Baltasar Garzón, Abigail y su esposo hablan del futuro. Y en ese futuro, la labor social sigue siendo la brújula. Lo es, de hecho, incluso tras las rejas. Pues esta joven cuencana, egresada de Derecho, es la maestra ‘unidocente’ de sus compañeras internas, la mayoría de 50 años para arriba, quienes están aprendiendo a leer, a escribir, a saber cuántas provincias tiene el país, a practicar la gimnasia básica para tonificar el cuerpo. Todo esto enseña esta joven acusada de terrorismo. Por eso, a quien va a visitarla, Abigail pide que le regalen cuadernos, lápices, textos escolares… Allá, en ese centro de rehabilitación social, escasean.

Cristina Campaña le echa una mano en esas labores de docencia. Ella, otra presunta terrorista según la tesis de la Fiscalía, fue abanderada de su colegio y dirigente estudiantil en su universidad. Por su alto rendimiento académico pudo participar en una cumbre de facultades latinoamericanas de administración en Nicaragua. Allí le regalaron un pañuelo de los sandinistas, grupo idolatrado, al menos en el discurso, por varios ideólogos de la ecuatoriana revolución ciudadana.

Ese pañuelo y el uniforme de bastonera de su colegio fueron evidencias para la Policía y la Fiscalía dentro del operativo Sol Rojo. ¿La razón? Son prendas de color rojo…
Cristina, a sus 23 años, muestra un rostro todavía iluminado. Sus palabras fluyen con brío y cuando habla es enfática: “En ningún país civilizado defender los derechos de las mujeres, que es lo que yo he hecho desde el colegio, representa un delito”.

Cuando la pasadora le informa que tiene una visita sus ojos claros parecen brillar todavía más. Sus pupilas dilatadas, el sonrojo en las mejillas, su cabello de seda castaña muestran la fuerza que esas presencias inyectan. Luego de varios largos días volvió a abrazar a su madre y el miércoles de la semana pasada también pudo recibir el respaldo de varias de las candidatas de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas: Marcia Caicedo, Diana Atamaint y también Fadua Tapia, pues la joven fue inscrita en la lista de asambleístas nacionales.

A Cristina también la estimulan los mensajes que ha recibido de sus compañeros universitarios de otros países. De hecho, decenas de organizaciones de la región ha condenado las acciones que padecen los 10 jóvenes de Luluncoto.

La Unión de la Juventud Rebelde, de Brasil; la Juventud Comunista Revolucionaria Argentina; los movimientos Juventud Caribe y Flavio Suero, de República Dominicana; la Unión de Juventudes Revolucionarias de Francia y demás colectivos de México, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, España, Líbano y Turquía han desarrollado campañas en redes sociales para dar a conocer lo que viven los 10 jóvenes de Luluncoto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha expresado su preocupación por el caso, el cual fue expuesto por los abogados Juan Vizueta y Pedro Granja, del Colegio de Abogados del Guayas. El ente ha solicitado ampliación de la información y este proceso será otra de las motivaciones para su visita a Ecuador durante el primer semestre del próximo año.

A esta inquietud internacional sobre los jóvenes se ha sumado en última data el juez español Baltasar Garzón. El colectivo por la libertad de los chicos le hizo llegar documentación sobre la causa y él, tras revisarla, sostiene que se debiera sustituir la prisión de los chicos por otras medidas alternativas. Además considera que las leyes sobre sabotaje y terrorismo, desde las cuales hoy se está procesando a los chicos, corresponde a una época en que Ecuador vivía bajo dictadura.

A las tres de la tarde de cada miércoles, el cielo vuelve a oscurecerse en el pasillo de las visitas. Pocos rayos de luz se cuelan por una cubierta tapizada de camisetas, medias, sostenes e interiores que varias internas cuelgan en ese abigarrado e improvisado secadero.

Golpea un frío de panteón en el lugar. Las parejas se ofrecen su último y vigilado abrazo y las mujeres privadas de la libertad retornan a Miraflores, Bosque y demás pabellones de la Cárcel de Mujeres de Quito. Los tacos de Abigail se escuchan lejanos mientras se pierde por las escaleras de cemento lustroso. Y no va sola. “Me llena de orgullo tu firmeza, tu entereza por defender lo que tú piensas”. Es la voz de Alfonso, su padre, repicando en su memoria.