"LIBERTAD ES SEGURIDAD"
"El estado dice que eres libre, pero libre para hacer lo que ellos te impongan. La libertad es el derecho de cada persona para ejercer su propia voluntad y conciencia sin oprimir la voluntad y conciencia del prójimo; Y NO la de ser sujeto a la voluntad de una burocracia de un gobierno"
“Voluntad es la fuente de tu fuerza y el miedo es el enemigo de tu voluntad”
Ignorancia es inflación
Apatía es traición
Destapan CLOACA de millones de pesos con los que el PEJE ha manejado su campaña en la ILEGALIDAD por 6 años.
La “Honestidad Valiente AC” , “Austeridad Republicana AC”, “Desarrollo y Transaprencia AC” , han sido solo cortinas de humo que SALEN AL DESCUBIERTO y muestran su incogruencia , cinismo y desfachatez.
¿ Ahora quién podrá defendernos ? TODOS SON LA MISMA GATA REVOLCADA.
"En una era de engaño universal, decir la verdad se convierte en acto revolucionario"
ROSTROS contrariados habrá en muchos ámbitos de la izquierda mexicana por la información que publica hoy EL UNIVERSAL sobre múltiples contratos concedidos por la administración de Marcelo Ebrard Casaubon desde la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a una red financiera a la que se atribuye nutrir el flujo de recursos para sostener el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Habrá muchas preguntas por responder en varios frentes.
Reconoce GDF contrato con asociación
Por Nayeli Cortés y Johana Robles
El gobierno del Distrito Federal reconoció que la asociación lopezobradorista Austeridad Republicana obtuvo un contrato con la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para digitalizar expedientes y que dicha organización se asoció con la empresa SAD Desarrollo y Transparencia para ofrecer el servicio.
Javier Núñez, fundador de Austeridad Republicana, pasó a formar parte de SAD en 2008, justo cuando se dio la unión de la organización con la empresa para prestar el servicio.
Lo anterior porque asociación civil, Austeridad Republicana estaba impedida para suscribir contratos de este tipo, pues según su acta constitutiva, Austeridad Republicana “no tendrá un fin preponderantemente económico ni perseguirá el lucro ni la especulación comercial”.
María Elena Méndez Sánchez, subprocuradora de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal reconoció que el contrato se otorgó por adjudicación directa —en 2007— en apego al artículo 54 de La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
El contrato tenía por objeto la digitalización de 230 mil expedientes administrativos, de 2008 al 31 de agosto de 2012.
Dijo desconocer el monto del contrato y afirmó no ser la instancia adecuada para opinar sobre el vínculo de la empresa con personajes ligados a Andrés Manuel López Obrador.
“Mira, esa parte respecto de que están ligados o no con gente de otros partidos, no me corresponde. Nosotros no la conocemos como usuarios del servicio”, puntualizó Méndez.
Al insistirle sobre la posibilidad de que se incurriera en un conflicto de interés por contratar los servicios de una empresa relacionada con el tabasqueño, externó: “Mira, todo está normado, todos los contratos y elementos que sustentan la prestación del servicio están sustentados conforme a La Ley de Adquisiciones.
“La empresa ha cumplido con todas las obligaciones. Esta prestación de servicios ha sido auditada por el Órgano Fiscalizador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eso garantiza que la prestación de servicio está conforme a la ley y no es tanto conforme a que haya cuestiones de partido”, dijo.
Al cierre de esta edición, el vocero del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, sólo expuso que “Honestidad Valiente no tiene contratos con el gobierno del Distrito Federal”. Yáñez no se refirió a esa relación comercial de estas empresas con instancias capitalinas ni a sus vínculos con personajes ligados a Andrés Manuel López Obrador.
Investigar financiamientos
El uso y destino de los recursos públicos son muy delicados, y por lo mismo requieren un manejo transparente, que no deje lugar a dudas de que se está invirtiendo de la mejor manera, en beneficio de la colectividad y no con fines partidistas.
Hoy, este diario presenta documentos que prueban vinculación de negocios entre el gobierno del Distrito Federal y empresas ligadas al PRD y al que fuera el candidato presidencial de las izquierdas en las pasadas elecciones.
Según tales papeles, personas afines a Octavio Romero Oropeza, cerebro financiero de Andrés Manuel López Obrador, constituyeron a partir de 2007 una red de empresas (SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios) que obtuvo contratos del gobierno del Distrito Federal, delegaciones y partidos de izquierda hasta por 120 millones de pesos. Estas empresas, a su vez, fueron fundadas por quienes al mismo tiempo son directivos de las organizaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, beneficiadas en algún momento por donaciones empresariales.
Cualquier mexicano es libre de fundar la empresa de servicios que mejor le parezca. Asimismo, los gobiernos tienen la libertad de ejercer el presupuesto mediante los mecanismos contemplados por ley para hacer el mejor uso del dinero de la ciudadanía. El problema viene cuando los ámbitos de los negocios y la política se acercan tanto que tocan terrenos propios del conflicto de interés o el influyentismo, que mucho han perjudicado a nuestro país a lo largo de los años, y que por desgracia no ha sido privativo de una sola organización política o nivel de gobierno.
La autoridad electoral ha de investigar a todos los partidos políticos que compitieron en la pasada elección federal, para deslindar responsabilidades en materia de financiamiento, que ha sido un tema recurrente de queja de todas las organizaciones que participaron. El uso de recursos públicos para la promoción política está prohibido por ley y existe todo un código de responsabilidades respectivas para consignarlo. Todas las denuncias deben ser aclaradas y, en su caso, sancionadas, de cara a la ciudadanía.
En este caso, tanto el PRD y las empresas respectivas, así como el gobierno del Distrito Federal han de demostrar que, pese a las apariencias, no hubo algún cruce ilegítimo de recursos, y que lo que se hizo fue contratar a los mejores prestadores de servicio que el mercado ofrecía, y no que se benefició a un grupo de amigos, con fines político electorales.
Reconoce GDF contrato con asociación
Por Nayeli Cortés y Johana Robles
El gobierno del Distrito Federal reconoció que la asociación lopezobradorista Austeridad Republicana obtuvo un contrato con la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para digitalizar expedientes y que dicha organización se asoció con la empresa SAD Desarrollo y Transparencia para ofrecer el servicio.
Javier Núñez, fundador de Austeridad Republicana, pasó a formar parte de SAD en 2008, justo cuando se dio la unión de la organización con la empresa para prestar el servicio.
Lo anterior porque asociación civil, Austeridad Republicana estaba impedida para suscribir contratos de este tipo, pues según su acta constitutiva, Austeridad Republicana “no tendrá un fin preponderantemente económico ni perseguirá el lucro ni la especulación comercial”.
María Elena Méndez Sánchez, subprocuradora de lo contencioso de la Procuraduría Fiscal reconoció que el contrato se otorgó por adjudicación directa —en 2007— en apego al artículo 54 de La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
El contrato tenía por objeto la digitalización de 230 mil expedientes administrativos, de 2008 al 31 de agosto de 2012.
Dijo desconocer el monto del contrato y afirmó no ser la instancia adecuada para opinar sobre el vínculo de la empresa con personajes ligados a Andrés Manuel López Obrador.
“Mira, esa parte respecto de que están ligados o no con gente de otros partidos, no me corresponde. Nosotros no la conocemos como usuarios del servicio”, puntualizó Méndez.
Al insistirle sobre la posibilidad de que se incurriera en un conflicto de interés por contratar los servicios de una empresa relacionada con el tabasqueño, externó: “Mira, todo está normado, todos los contratos y elementos que sustentan la prestación del servicio están sustentados conforme a La Ley de Adquisiciones.
“La empresa ha cumplido con todas las obligaciones. Esta prestación de servicios ha sido auditada por el Órgano Fiscalizador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, eso garantiza que la prestación de servicio está conforme a la ley y no es tanto conforme a que haya cuestiones de partido”, dijo.
Al cierre de esta edición, el vocero del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, sólo expuso que “Honestidad Valiente no tiene contratos con el gobierno del Distrito Federal”. Yáñez no se refirió a esa relación comercial de estas empresas con instancias capitalinas ni a sus vínculos con personajes ligados a Andrés Manuel López Obrador.
Investigar financiamientos
El uso y destino de los recursos públicos son muy delicados, y por lo mismo requieren un manejo transparente, que no deje lugar a dudas de que se está invirtiendo de la mejor manera, en beneficio de la colectividad y no con fines partidistas.
Hoy, este diario presenta documentos que prueban vinculación de negocios entre el gobierno del Distrito Federal y empresas ligadas al PRD y al que fuera el candidato presidencial de las izquierdas en las pasadas elecciones.
Según tales papeles, personas afines a Octavio Romero Oropeza, cerebro financiero de Andrés Manuel López Obrador, constituyeron a partir de 2007 una red de empresas (SAD Desarrollo y Transparencia, AFK Comunicación Creativa y AAR Consultores de Negocios) que obtuvo contratos del gobierno del Distrito Federal, delegaciones y partidos de izquierda hasta por 120 millones de pesos. Estas empresas, a su vez, fueron fundadas por quienes al mismo tiempo son directivos de las organizaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, beneficiadas en algún momento por donaciones empresariales.
Cualquier mexicano es libre de fundar la empresa de servicios que mejor le parezca. Asimismo, los gobiernos tienen la libertad de ejercer el presupuesto mediante los mecanismos contemplados por ley para hacer el mejor uso del dinero de la ciudadanía. El problema viene cuando los ámbitos de los negocios y la política se acercan tanto que tocan terrenos propios del conflicto de interés o el influyentismo, que mucho han perjudicado a nuestro país a lo largo de los años, y que por desgracia no ha sido privativo de una sola organización política o nivel de gobierno.
La autoridad electoral ha de investigar a todos los partidos políticos que compitieron en la pasada elección federal, para deslindar responsabilidades en materia de financiamiento, que ha sido un tema recurrente de queja de todas las organizaciones que participaron. El uso de recursos públicos para la promoción política está prohibido por ley y existe todo un código de responsabilidades respectivas para consignarlo. Todas las denuncias deben ser aclaradas y, en su caso, sancionadas, de cara a la ciudadanía.
En este caso, tanto el PRD y las empresas respectivas, así como el gobierno del Distrito Federal han de demostrar que, pese a las apariencias, no hubo algún cruce ilegítimo de recursos, y que lo que se hizo fue contratar a los mejores prestadores de servicio que el mercado ofrecía, y no que se benefició a un grupo de amigos, con fines político electorales.
No comments:
Post a Comment