lunes, 18 de marzo de 2013

El caso Cassez sigue dando de que hablar

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Genaro García Luna y otros 20 exfuncionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, cometidos durante la detención de Florence Cassez, en diciembre de 2005.

La denuncia se presentó formalmente la noche del pasado viernes 15 en la Oficialía de Partes, explicó la CNDH, e incluye al exdirector de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino.
Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, dijo que esta es la primera denuncia contra altos exfuncionarios federales en lo que va de su administración, porque, detalló, existe una cadena de mando que implica a los policías que intervinieron directamente en el caso hasta quienes ordenaron o toleraron estas acciones.

En conferencia de prensa el pasado miércoles 13, Plascencia presentó un informe especial sobre el caso en el que documenta una serie de irregularidades cometidas por los entonces funcionarios de la PGR.

Pese a que en el informe no se mencionan los nombres de los presuntos implicados, en la relación que presentará el ombudsman a la PGR es posible identificar a García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como a Cárdenas Palomino.

En la relación también se incluye a dos directores, de Investigación Policial y Operaciones Especiales, 15 agentes operativos y dos agentes del Ministerio Público.
Entre las principales irregularidades detectadas por la CNDH en el caso, destacan “omisión de los deberes de cuidado, inobservancia del principio de debida diligencia, negligencia de los servidores públicos que intervinieron y supervisaron, lo cual derivó en una violación al debido proceso” en agravio de las víctimas del delito.

Todas esas irregularidades, consideró Plascencia Villanueva, podrían traducirse en delitos como abuso de autoridad, contra la administración de la justicia y ejercicio indebido del servicio público.
Al puntualizar que Cassez fue puesta en libertad porque su proceso judicial fue “pervertido” por la actuación de esos exfuncionarios –y “no por ser inocente” –, el ombudsman demandó que la PGR repare el daño integralmente y proporcione medidas cautelares a las víctimas de la banda de Los Zodiaco, a la que supuestamente pertenecía la francesa.

Para Plascencia “la impunidad es el peor mensaje que se puede enviar a la sociedad mexicana, porque genera decepción, frustración e incertidumbre, e impide que quienes han cometido un delito sean castigados con todo rigor por la justicia mexicana”.

Frente al polémico caso que mantuvo poco más de siete años en la cárcel a Cassez, abundó, lo menos que deben hacer las autoridades es “profundizar las investigaciones para fincar responsabilidades contra los servidores públicos que pervirtieron el proceso, agraviando así no sólo a las partes, sino a las instituciones, a la sociedad y al Estado mexicano”.

El informe, de 35 cuartillas, se basó en el análisis minucioso de la sentencia dictada por la SCJN el 23 de enero de este año; de quejas presentadas por las víctimas de secuestro y la expuesta por un reportero que cubrió el evento en el que supuestamente se detuvo a Cassez, así como en videos de las transmisiones televisivas relativas al caso.

La CNDH resaltó que es preocupante que hasta ahora no se hubiera esclarecido el tema del montaje y de los entonces funcionarios implicados en el mismo, a pesar de que en febrero de 2006 se abriera un expediente en la Visitaduría General de la PGR y en mayo de ese mismo año se iniciara una averiguación previa en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual se turnó más tarde a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra Periodistas.
Plascencia indicó que las sanciones que podrían recibir los exfuncionarios son de tres a ocho años de prisión por el delito contra la administración de justicia. Por abuso de autoridad alcanzarían de dos a nueve años y por el delito de ejercicio indebido del servicio público, de dos a siete años.

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