"Escuché muchos gritos e insultos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban 'donde están lo que te robaste', rato después se escucha 'llévatelo y tráeme al que sigue', escucho que abren la puerta... 

Después un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojado que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y... alguien oprimía mi estómago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo...".

Me pusieron toques electricos en los testiculos y otras partes del cuerpo, sentia que mis articulaciones explotaban, que mis ojos querian estallar, despues me volvian a decir !ahora si vas a cantar pendejo!...



Estas son narraciones de gente que a tenido la desfortuna de caer en manos de policías preventivos o ministeriales en Tampico, Madero y Altamira (sur de Tamaulipas).

Funcionarios públicos implicados

Según la CNDH, en 2010 fueron secuestrados sólo en un semestre 11.000 migrantes, y "muchos sufrieron graves malos tratos en situaciones en las pudo haber funcionarios públicos implicados".
La policía municipal y ministerial ha sido acusada a menudo de entregar a personas a bandas criminales, que las someten a tortura para conseguir números de teléfono de familiares suyos en Estados Unidos o en Centroamérica, a los que se obliga a su vez a pagar por ellas para que no las asesinen, las hagan desaparecer o las mutilen.
Raras veces se hace rendir cuentas a las bandas criminales y a los funcionarios públicos implicados en estos abusos. "Amnistía Internacional no conoce un solo caso en que se haya procesado a agentes de policía u otras fuerzas de seguridad por tortura o malos tratos pese a haber testimonios de testigos presenciales de su participación".
Tras una visita que realizó a México en 2010, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias puso de relieve la falta de investigaciones adecuadas de las denuncias de desaparición forzada y secuestro. Había recibido información según la cual seguía sin conocerse el paradero de alrededor de 3.000 personas que habían sido víctimas de secuestros perpetrados por bandas criminales o de desapariciones forzadas.
El informe concluye que el Gobierno de Felipe Calderón DIO prioridad a la seguridad pública y a la lucha contra la delincuencia organizada, pero en la práctica esta preferencia ha supuesto hacer la vista gorda ante violaciones generalizadas de derechos humanos.
Depende de ti que se siga torturando personas inocentes en las cárceles de Tampico
ATRÉVETE A DENUNCIAR CUALQUIER CASO DE CORRUPCION

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