Reforma laboral pretende abandono del trabajo como derecho humano y pretender regularlo como mercancía.
Por si quedaba alguna duda, la reforma laboral que presentó el Ejecutivo al Congreso federal expone la subordinación del Estado a los intereses empresariales, y por el timing en que se presenta, desnuda el inconfesable compromiso entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con la elite empresarial y financiera. ¿Cómo entender que una iniciativa, consistentemente rechazada por el PRI durante el sexenio, se presente inmediatamente después de que el tribunal electoral decidió validar la elección presidencial? ¿Qué prisa por inaugurar el recurso de iniciativa preferente con esta reforma?
Nadie duda de la necesidad de actualizar la Ley Federal del Trabajo (LFT), creada en los albores del Estado corporativo autoritario y en el contexto de procesos laborales que han cambiado sustancialmente desde 1931, como la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, la globalización del mercado y las nuevas tecnologías.
Pero la iniciativa de Calderón tiene como única virtud exigir la transparencia y rendición de cuentas a los sindicatos, pero lejos de modernizar, aleja al Estado de un concepto modernizador, al debilitar su papel como regulador del mercado y como garante de los derechos humanos. Por el contrario, el Estado pierde su papel tutelar cuando desplaza en el patrón o en entidades subcontratadas la supervisión de los derechos y cuando traslada a la familia las obligaciones del cuidado de las personas. Lo más grave es el abandono del trabajo como derecho humano y pretender regularlo como si se tratara de una mercancía. Los problemas torales han sido señalados magistralmente en este diario por Arturo Alcalde Justiniani (La Jornada, 8/9/12) y se resumen en el intento por reducir el costo de mano de obra, abatir la estabilidad en el empleo, favorecer el despido barato e incrementar el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva. Yo señalaré aquí algunas implicaciones que afectarían directa e indirectamente las condiciones laborales de las mujeres, así como los cuidados de la familia y de la pareja.
La iniciativa no favorece uno de los grandes retos del siglo XXI: la conciliación del trabajo remunerado con el trabajo que exige la vida familiar y la igualdad de género. Por el contrario, aunque en la exposición de motivos presume la búsqueda de esta igualdad, se ignora el valor económico del trabajo doméstico, no agrega ningún derecho a las mujeres, precariza las condiciones de los y las trabajadores de manera directa e indirecta y no toma en cuenta otras licencias que exigen la maternidad, la paternidad y los cuidados familiares. La fragmentación del salario que favorece la subcontratación o outsourcing y la contratación por horas afectará mayormente a las mujeres, quienes tienen dificultad para asumir horarios largos, porque sobre ellas se sigue cargando el mayor peso de los cuidados familiares (de menores, enfermos, mayores, discapacitados) y las responsabilidades domésticas. La reforma sólo reconoce el papel materno de las mujeres y desconoce su potencial creativo, productivo y directivo; es grave que condicione la flexibilidad de la licencia de gravidez y la de paternidad a la autorización del patrón, y que no se respete el derecho de la madre y del padre para atender con calidad a los hijos.
Entre las múltiples iniciativas, la única que busca reformar la LFT de manera integral es la elaborada por el PRD y la coalición de las izquierdas, la cual se ha venido construyendo durante 12 años, con base en consultas con organizaciones de trabajadores y patronales. Se propone reorientar el rumbo de la competividad del país por la vía de la productividad y la valoración del trabajo como derecho humano universal.
Por si quedaba alguna duda, la reforma laboral que presentó el Ejecutivo al Congreso federal expone la subordinación del Estado a los intereses empresariales, y por el timing en que se presenta, desnuda el inconfesable compromiso entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con la elite empresarial y financiera. ¿Cómo entender que una iniciativa, consistentemente rechazada por el PRI durante el sexenio, se presente inmediatamente después de que el tribunal electoral decidió validar la elección presidencial? ¿Qué prisa por inaugurar el recurso de iniciativa preferente con esta reforma?
Nadie duda de la necesidad de actualizar la Ley Federal del Trabajo (LFT), creada en los albores del Estado corporativo autoritario y en el contexto de procesos laborales que han cambiado sustancialmente desde 1931, como la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, la globalización del mercado y las nuevas tecnologías.
Pero la iniciativa de Calderón tiene como única virtud exigir la transparencia y rendición de cuentas a los sindicatos, pero lejos de modernizar, aleja al Estado de un concepto modernizador, al debilitar su papel como regulador del mercado y como garante de los derechos humanos. Por el contrario, el Estado pierde su papel tutelar cuando desplaza en el patrón o en entidades subcontratadas la supervisión de los derechos y cuando traslada a la familia las obligaciones del cuidado de las personas. Lo más grave es el abandono del trabajo como derecho humano y pretender regularlo como si se tratara de una mercancía. Los problemas torales han sido señalados magistralmente en este diario por Arturo Alcalde Justiniani (La Jornada, 8/9/12) y se resumen en el intento por reducir el costo de mano de obra, abatir la estabilidad en el empleo, favorecer el despido barato e incrementar el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva. Yo señalaré aquí algunas implicaciones que afectarían directa e indirectamente las condiciones laborales de las mujeres, así como los cuidados de la familia y de la pareja.
La iniciativa no favorece uno de los grandes retos del siglo XXI: la conciliación del trabajo remunerado con el trabajo que exige la vida familiar y la igualdad de género. Por el contrario, aunque en la exposición de motivos presume la búsqueda de esta igualdad, se ignora el valor económico del trabajo doméstico, no agrega ningún derecho a las mujeres, precariza las condiciones de los y las trabajadores de manera directa e indirecta y no toma en cuenta otras licencias que exigen la maternidad, la paternidad y los cuidados familiares. La fragmentación del salario que favorece la subcontratación o outsourcing y la contratación por horas afectará mayormente a las mujeres, quienes tienen dificultad para asumir horarios largos, porque sobre ellas se sigue cargando el mayor peso de los cuidados familiares (de menores, enfermos, mayores, discapacitados) y las responsabilidades domésticas. La reforma sólo reconoce el papel materno de las mujeres y desconoce su potencial creativo, productivo y directivo; es grave que condicione la flexibilidad de la licencia de gravidez y la de paternidad a la autorización del patrón, y que no se respete el derecho de la madre y del padre para atender con calidad a los hijos.
Entre las múltiples iniciativas, la única que busca reformar la LFT de manera integral es la elaborada por el PRD y la coalición de las izquierdas, la cual se ha venido construyendo durante 12 años, con base en consultas con organizaciones de trabajadores y patronales. Se propone reorientar el rumbo de la competividad del país por la vía de la productividad y la valoración del trabajo como derecho humano universal.
Texto Completo
http://adf.ly/D5yrQ
En Pocas Palabras
36 razones para
no aprobar la reforma laboral de Calderón.
No comments:
Post a Comment